Prioridad para psiquiatras, aunque se consensuó el aporte de psicólogos. Hospitalizaciones involuntarias y fondos, intervención de familiares, ampliación del concepto de adicciones y atención ambulatoria, entre las claves del proyecto. Recibió 42 adhesiones y 21 rechazos en la votación en general. De esta manera, pasó a Diputados para su tratamiento.
El Senado aprobó esta madrugada y giró a Diputados una nueva la ley de salud mental que dista de la de 2010, en su momento empujada por el kirchnerismo y que, con el correr de los años, generó quejas varias y desesperados reclamos de cambios. La iniciativa, que obtuvo 42 adhesiones y 21 rechazos durante la votación en general, modifica criterios en internaciones involuntarias, adicciones y equipos médicos a cargo de tomar decisiones complejas relacionadas con la temática, entre otros puntos.
La iniciativa le da prioridad a psiquiatras, aunque en las últimas horas se consensuó el aporte de psicólogos en grupos interdisciplinarios, tras presiones desde provincias y algunas universidades. También hubo aportes para reprimir inquietudes por fondos extra.
Como miembro informante, la libertaria y presidenta de la comisión de Salud, Ivanna Arrascaeta (San Luis), primero destacó las exposiciones de “más de 70 representantes de instituciones, asociaciones civiles y del derecho”, y fue rápido hacia la ley vigente. “La internación dejó de ser una respuesta clínica y pasó a ser una respuesta por falta de casa y familia”, manifestó.
La puntana dio cifras de los casi 16 años de la norma actual y habló de resultados “insuficientes para asegurar la efectividad de derechos y dotar de herramientas nuevas”, más “avances dispares en distintas jurisdicciones”. Apuntó a un articulado “desactualizado” y cifras alarmantes de hospitalizaciones públicas -suba de 70%- post pandemia. Y finalizó: “Llegar a tiempo es pasar del riesgo inminente al riesgo grave”.
No pensó lo mismo el ahora ex kirchnerista Guillermo Andrada (Catamarca), quien defendió y criticó, al mismo tiempo, las pautas actuales de salud mental. Llamó la atención, sobre todo, desde su profesión de médico. Como se esperaba, fue directo a la “falta de recursos”. Y agregó: “No podemos hacer una ley que prometa lo que no se puede cumplir”. Para el -de nuevo- justicialista, “no le dieron la oportunidad a una muy buena ley de poder ser efectiva”.
Otro doctor, el silvestre misionero Carlos Arce, leyó entera su alocución, algo que suele ser mal visto y no está permitido en el recinto, salvo pedido expreso a quien comande en ese momento la sesión. Su colega de bancada, Elizabeth Rojas Decut, hizo lo mismo durante la discusión previa sobre el mercado de carbono. Suelen manejarse en espejo. No fallaron. También se quejaron por las partidas involucradas, aunque libertarios aceptaron la incorporación del “financiamiento federal”.
Después de las protestas de Andrada y Arce, tuvo que ser una contadora la que bajó a tierra ejemplos pedagógicos para pincelar el delicado panorama que enfrentan familias en el interior del país. Fue la radical y ex vicegobernadora de Chaco, Silvana Schneider. “Hoy, el médico en el pueblo no tiene el respaldo legal para proteger a una persona en riesgo”, advirtió. En la misma línea fue la oficialista fueguina Belén Monte de Oca, quien expresó: “Se confundió libertad con abandono”.
“Vamos a promover leyes sin discutir cómo se financia la salud mental”, enfatizó desde el Frente Cívico el ex gobernador de Santiago del Estero y filo K Gerardo Zamora, quien lamentó que no se haya tenido “a la vista” un proyecto presentado tiempo atrás. “Error de enfoque”, añadió. Coincidió, por el cristinismo, la médica y ex mandataria catamarqueña, Lucía Corpacci.
El cierre estuvo a cargo de la líder libertaria, Patricia Bullrich: describió la “contradicción” que se generó entre “dos profesiones que atienden a la salud mental”, con una injusta acusación contra los psiquiatras “como violadores de los derechos humanos sin ningún sentido”.
“Son dos miradas o formas de encarar el problema -en la comparación con psicólogos-, pero ambas necesarias para encarar los trastornos de personas en una comunidad”, indicó, y dejó en claro que “hoy no se puede actuar ante situaciones” que llevan a “muertes” o “violencia familiar”.
“Se dejó un tema sin resolver”, puntualizó la porteña, y subrayó la necesidad de “intervenir a tiempo” para “cuidar a las personas”. Y repitió un número contado semanas atrás por Infobae: 100.000 psicólogos versus casi 4.000 psiquiatras.
Detalles del proyecto
En las internaciones, se reemplaza la exigencia del psiquiatra por médico -aunque con preferencia hacia la mencionada especialidad- o con formación en salud mental, con otro firmante -se apunta a que sea psicólogo-, quien tendrá injerencia en la evaluación y una potencial alta. Como para el último caso también estaba escrita la palabra “preferentemente”, se negoció quitarla para que no haya margen a interpretaciones y debido a que no existe un reemplazo de dicha profesión.
La trifulca por esta cuestión fue una de las tantas entre Nación y provincias agrupadas en el Consejo Federal de Salud (CoFeSa). Mismo caso para las quejas por fondos, por lo que el oficialismo hizo más taxativo el articulado, con el fin de despejar dudas restantes. Y se permitirá la ventana de tele consulta donde haya menor presencia de personal dedicado a la temática.
Por otra parte, se considera un concepto más amplio a la hora de hablar de adicciones -para incluir a la ludopatía, por caso-, se activa una delimitación de familiares en representación de pacientes, se imponen diferenciaciones específicas entre adultos e infanto-juveniles, y queda prohibida la práctica de manicomios. También hay un plan de egreso con objetivos y seguimientos, más directivas claras “anticipadas” -prevención- en salud mental.
En cuanto a familiares, se limita la intervención a padres o hijos y se mantienen los representantes legales, cónyuges y convivientes. Una aclaración no menor es que, en los casos de no aparición de responsables, se explicita la obligación estatal de garantizar apoyos y dispositivos comunitarios.
Para el régimen de atención por equipos infantojuveniles y dispositivos diferenciados de adultos se incorpora la autonomía progresiva, el derecho a ser escuchado y la confidencialidad. En caso de una eventual internación en unidades de adultos, la misma queda restringida a imposibilidad acreditada y por un tiempo mínimo indispensable.
En último lugar y, en conjunto con la prohibición de prácticas “manicomiales”, se restituye un catálogo de atención ambulatoria y domiciliaria, casas de convivencia, hospitales de día y centros de capacitación sociolaboral. También se habilita el derecho a consentir o rechazar, de manera anticipada, tratamientos y designar personas que expresen el consentimiento cuando el paciente no pueda hacerlo. Esto cambia ante riesgo grave para la vida.
